Las propuestas llegan con IVA incluido.

En 1986, la entrada de España en la Comunidad Europea trajo entre otras cosas el Impuesto del Valor Añadido (IVA). Entonces la pareja humorística Martes y Trece pregonaba en uno de sus famosos sketch ¡Viva el IVA! Hoy, 23 años después y en medio de una profunda recesión, las miradas vuelven a centrarse en este impuesto, pero los ánimos han cambiado.

Este tributo está directamente ligado al consumo. Por ello, el parón de la demanda (0,1% en el tercer trimestre) ha mermado profundamente su capacidad recaudatoria. Los ingresos obtenidos por las arcas públicas en concepto de IVA cayeron un 15,2% en los once primeros meses de 2008. Este descenso, junto al protagonizado por otros impuestos, han contribuido a engordar el déficit público, que en noviembre se situaba ya en 14.060 millones de euros (un 1,28% del PIB). Con estos datos como telón de fondo, cabe preguntarse qué margen hay para reformar este impuesto.

Teóricamente, el Gobierno tiene un amplio espectro para subir el IVA (hay países como Dinamarca con una tasa del 25%) y no tanto para reducirlo, porque Bruselas ha marcado el límite en el 15% en el régimen general; en España sólo está un punto por encima. De momento, la última reforma, que entró en vigor el pasado 1 de enero, no se centraba en subir o bajar las tasas fiscales, sino en el procedimiento para liquidarlas.

En el sistema tributario español las empresas actúan como recaudadoras y deben pagar el IVA a Hacienda en cuanto emiten la factura. Esto supone que si el cobro no se produce de manera inmediata, como sucede habitualmente, las empresas tienen que adelantar el dinero. Luego, cuando se liquidan las cuentas, si la empresa ha pagado más de lo que ha repercutido a los clientes, el Estado devuelve la diferencia. Este ajuste contable antes se hacía anualmente, pero tras la reforma las compañías que lo deseen pueden realizarlo cada mes, para contar cuanto antes con su dinero. Pero esta modificación resulta escasa para muchos expertos y agentes sociales. De hecho, en las últimas semanas las propuestas alrededor de este tributo se han multiplicado.

Aplazamiento. La patronal madrileña CEIM reclama que se aplace urgentemente nueve meses el pago del IVA a todas las sociedades. Según los cálculos de la patronal, con esta fórmula la liquidez de las empresas puede aumentar hasta un 10%. Ajuicio de Juan Carlos López Hermoso, presidente de la Asociación de Asesores Fiscales, “no sería difícil poner en marcha esta medida y resultaría muy práctica, porque supone una inyección de dinero. Además, aunque resulte una merma en la recaudación del Estado, éste tampoco tendrá que gastarse los recursos en financiar más desempleo”. Otros expertos no lo tienen tan claro. Para Ángel Laborda, director de Coyuntura de Funcas, “no hay que generalizar ese aplazamiento, ahora exclusivo para quienes demuestran dificultades, porque puede causar un agujero fiscal importante. Ese dinero aplazado es posible que resulte en muchos casos irrecuperable, porque habrá empresas que se queden en el camino. Es mejor buscar otras fórmulas para dar aire a las compañías”.

Facturas cobradas. El presidente de las Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro, plantea la posibilidad de que las empresas paguen el IVA de las facturas cobradas y no de las emitidas. De esta forma, las compañías no tendrían que adelantar dinero en una situación en la que el riesgo de morosidad es muy elevado. Se trata de una reclamación histórica que resurge cada vez que hay problemas económicos. Los expertos coinciden en que su puesta en práctica es poco factible porque conllevaría una revolución en el impuesto, modificando su naturaleza para que pasase a regirse por un sistema de caja, algo a lo que Hacienda parece poco dispuesta. Este método se utiliza, por ejemplo, en Francia para el IVA de las prestaciones de servicios y el de las operaciones inmobiliarias.

Así que, de momento, habrá que centrar los esfuerzos en agilizar la devolución por parte de Hacienda de los impagados (actualmente deben haber transcurrido dos años desde el devengo de la operación para recuperar el IVA).

Competitividad. Otra de las ideas que toma fuerza entre los empresarios y entre los economistas es la disminución de los costes de producción mediante la rebaja del Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Actividades Económicas o las cotizaciones sociales, con la finalidad de mejorar la competitividad de las empresas. Este recorte debe ser compensado con la subida de impuestos indirectos como el IVA o los especiales. “Este año hubiese sido perfecto para hacer esta reforma, porque la inflación va a ser casi nula. Aunque una subida del IVA supusiera un punto en el IPC, los ciudadanos no perderían poder adquisitivo, porque sus sueldos van a subir más de un 2%. Además, el resultado sería un sistema económico más fortalecido”, explica Laborda.

A la inglesa. El IVA no sólo da juego en España. En Reino Unido, el Ejecutivo d Gordon Brown ha realizado una disminución del gravamen, del 17,5% al 15% durante 13 meses. Con esta política se buscaba animar el consumo, pero su impacto parece haber sido escaso. Por un lado, porque el recorte no es elevado y ha podido pasar prácticamente inadvertido para los consumidores. Además, quizá incluso haya precios que se mantengan inalterables con o sin IVA. Por otro, en esta época de incertidumbre, os ciudadanos prefieren ahorrar.

Alivio parcial. En Europa también hay un debate abierto para bajar el IVA a ciertos productos, como los ecológicos y los servicios intensivos en mano de obra, por ejemplo la restauración (una reclamación que Francia lleva años insistiendo). La idea s que si se abaratan esos servicios tendrán más demanda y se crearán más empleos. No hay visos de que la iniciativa prospere.

Original. Merece una mención una propuesta del economista Xavier Sala i Martín. El catedrático de la Universidad de Columbia proponía suprimir totalmente el IVA durante un período completo, por ejemplo, 2009. Esta desaparición temporal daría recursos de forma instantánea y conduciría a los españoles al consumo, porque supondría una rebaja significativa, pero en un momento concreto. La gran pega es que las cuentas del Estado no pueden prescindir de los ingresos que da este impuesto (45.968 millones de enero a noviembre de 2008, un 28% de la recaudación total).