El País 27/03/2009

El Gobierno adopta la Directiva Europea de Servicios y reforma la ley concursal

§         El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis.

§         El Gobierno reaseguará hasta en 40.000 millones los créditos de las empresas y flexibilizará la apertura de negocios

ÁLVARO ROMERO

Un viernes más, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un conjunto de medidas para hacer frente a la crisis en la que destaca la transposición de la Directiva Europea de Servicios, un proyecto que se arrastra desde 1999 y cuyo objetivo es garantizar el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios en España. Asimismo, el Gobierno ha dado su visto bueno a un decreto ley con reformas urgentes en materia tributaria y financiera que flexibiliza la ley concursal y que permitirá a la Administración reactivar los seguros al crédito de las empresas por hasta 40.000 millones.

En cualquier caso, la estrella del Consejo por su impacto en el conjunto de la economía es la transposición de la Directiva Europea de Servicios y que según el vicepresidente, Pedro Solbes, es "la más importante de toda la legislatura" en materia económica. Concretamente, el Gobierno ha aprobado, por una parte, un Proyecto de Ley con carácter horizontal que traslada los principios de la norma europea -esencialmente recogida en la premisa de libre acceso, ejercicio y establecimiento de los prestatarios de servicios ya sean residentes en el país o no- a la legislación española y que es conocida como ley paraguas. En líneas generales, simplifica al máximo los trámites e invierte el modelo de autorización previa.

En segundo lugar, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que, a diferencia del anterior, debe pasar por el Consejo de Estado para ser remitido al Parlamento. Este proyecto, conocido como ley ómnibus, surge de la necesidad de aplicar los principios de la directiva en los diferentes ámbitos y sectores de actividad afectados y, de momento, modifica 46 leyes. En este punto, Solbes ha adelantado que su tramitación puede prolongarse incluso durante meses y, cuando esté totalmente desarrollado, permitirá crear 200.000 empleos, aportar un 1,2% del PIB, impulsar el consumo otro 1,2% y la producción en un punto porcentual.

"Los ciudadanos son mayores de edad"

Según ha explicado el también ministro de Economía, el principal efecto de la transposición de la norma comunitaria es que cambia la tradición tan presente en España de pedir autorización previa para todo por un control a posteriori. "Suponemos que los ciudadanos ya son mayores de edad", ha ironizado Solbes antes de reseñar que, en lugar de este régimen de comparecencia previa y la "preocupación de la administración por cobrar ciertas tasas", a partir de ahora bastará con una comunicación o notificación a posteriori en la que el prestatario de servicios se compromete a desarrollar las funciones que debe cumplir en su actividad. En lugar de "generar problemas", la Administración se centrará en funcionar de forma eficiente y garantizar los derechos de los ciudadanos, ha asegurado.

En su conjunto, se eliminan 14 regímenes de autorización previa, otros 27 se sustituyen por notificaciones a posteriori y se reforma el reglamento de los colegios profesionales. En este sentido, la ley ómnibus contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las limitaciones que existen ahora para ejercer más de una profesión y la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios

A modo de ejemplo, mientras que hasta ahora abrir una empresa de pequeñas obras en el hogar se alargaba durante 20 días por la necesidad de reunir los certificados, acudir al notario y pasar por el Registro Mercantil, la reforma permitirá constituir la empresa en un máximo de 24 horas a través de internet para poder ponerse a trabajar ya al día siguiente e ir remitiendo a la Administración las notificaciones perceptivas en un futuro.

Asegurar las operaciones de crédito

Junto con las dos leyes sobre la trasposición de la directiva de servicios, el Gobierno ha aprobado otro decreto-ley que autoriza al Consorcio de Compensación de Seguros a modo de ICO para participar en el reaseguro de las operaciones de crédito -que cubren los riesgos de insolvencia de las empresas-, lo que permitirá llevar a cabo avalar operaciones comerciales de hasta 40.000 millones de euros. También ha reducido el interés legal del dinero que sirve de base para fijar el precio de multitud de operaciones del 5,5 al 4% y el tipo de demora para pagar las deudas tributarias del 7 al 5% porque el dinero es más barato. "El del BCE, no el de los bancos", ha puntualizado Solbes.

Como consecuencia de la crisis financiera, las aseguradoras están restringiendo los riesgos que asumen y, por tanto, están cortando el grifo y reduciendo la cobertura a las tradicionales pólizas de seguro de crédito que contratan las empresas. Para evitar este estancamiento, que asfixia aún más a un sector que está sufriendo como el que más las tensiones financieras, el Gobierno pretende con esta medida asegurar el normal funcionamiento del tráfico mercantil asumiendo una parte del riesgo que hasta ahora asumían las aseguradoras, lo que beneficiará fundamentalmente a las pymes y aportará medios en la búsqueda de la reactivación económica.

Nueva ley concursal

Finalmente, el Ejecutivo ha dado su visto bueno a la reforma de la Ley Concursal , con la finalidad de garantizar un procedimiento concursal más ágil, menos costoso y eficiente en sus resultados, así como generar incentivos para que las empresas y el resto de deudores se acojan al concurso (antigua suspensión de pagos), eliminando trámites procesales innecesarios, abaratando costes y reorganizado la administración concursal.

La intención del Gobierno es simplificar la tramitación de los concursos ante los problemas de acumulación de peticiones de los mismos que se están dando en la actualidad como consecuencia de la crisis, así como las dificultades en las funciones preconcursales.

Principales novedades de la Directiva Europea de Servicios:

-Reducción de los trámites administrativos: La transposición de la norma europea reduce en un 30% las cargas administrativas para abrir un negocio o iniciar una actividad.

-Plazo máximo de 24 horas: La creación de una sociedad limitada se podrá gestionar en un plazo máximo de un día.

-Notificaciones a posteriori: Se sustituyen los requisitos previos -certificados, inscripción en el registro mercantil y paso por el notario- por notificaciones o declaraciones a posteriori en las que los profesionales se responsabilicen del correcto funcionamiento de la actividad.

-Ventanilla única por internet: Los prestadores de servicios puedan realizar todos los procedimientos y trámites a distancia y por vía electrónica, así como contactar con todas las administraciones (europea, central, autonómica y local) a través de la red.

-Reforma de los Colegios Profesionales: Vinculada a la directiva, el Gobierno reforma la norma que regula estas instituciones para flexibilizar el acceso a una profesión. También elimina la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso

-Excepciones: Servicios financieros, las comunicaciones electrónicas, el transporte y los servicios portuarios -aunque el Gobierno también ha aprobado un proyecto de ley que modifica su régimen económico y prestación de servicios-, las empresas de trabajo temporal, los servicios sanitarios y farmacias, audiovisuales, determinadas actividades de juego, actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, los servicios sociales prestados en virtud de acuerdo con la administración y los servicios de seguridad privados.

La Gaceta de los Negocios 27/03/2009

El Gobierno aprueba la directiva de servicios, que creará hasta 200.000 empleos

El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que transpone la directiva de servicios en el mercado interior y que modifica un total de 46 leyes para poder aplicar dicha directiva. Con ello, prevé que el PIB aumente un 1,2% y se creen entre 150.000 y 200.000 empleos.

El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.

En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como 'ley paraguas', una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.

Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como 'ley ómnibus', que modifica 46 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.

Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen, se realizará un examen de todos los requisitos existentes, se garantizará la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro estado miembro y se reforzarán los derechos y la protección de los consumidores.

Una de las principales modificaciones es la eliminación de la autorización para el arrendamiento de vehículos sin conductor que sólo estará sujeta a obligaciones de carácter fiscal, social, laboral o de seguridad ciudadana o vial. Por ello, los requisitos específicos exigidos por la normativa de transporte, como las exigencias de un local dedicado en exclusiva a esta actividad y de un número mínimo de vehículos, entre otros, quedan suprimidos.

Menos autorizaciones previas

 Asimismo, se elimina la autorización previa para centros de formación teórica de conductores, lo que implica que surge un nuevo tipo de autoescuelas dedicadas exclusivamente a la formación teórica que sólo requiere comunicación de inicio de la actividad. Según el Gobierno, este cambio va a beneficiar a las más de 1.420 autoescuelas que actualmente están registradas, dado que les da la posibilidad de modificar su negocio orientándolo hacia los servicios que más se ajusten a las necesidades del mercado.

 En las actividades industriales se sustituye el régimen de autorización administrativa previa en las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado, mientras que el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa (comercialización de energía eléctrica, comercialización al por menor de gases licuados y a granel, comercialización de gas natural y operadores al por mayor de productos petrolíferos) por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente.

 En el sector de las telecomunicaciones, se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable. En los servicios medioambientales y de agricultura, se eliminarán con carácter general las autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos (declaración responsable o comunicación) en todas las actividades de servicios relacionados.

Reforma en profundidad de los colegios profesionales

 Además, la 'ley ómnibus' contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las restricciones injustificadas a la publicidad por parte de los profesionales, así como las limitaciones que existen ahora para ejercer simultáneamente más de una profesión.

 Se elimina también la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso. Con esta medida, se trata de evitar tarifas de ingreso a los colegios profesionales que pueden llegar a los 6.000 euros. Además, la solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija la ley.

 En lo que no entra esta norma es la reserva de actividad que tienen los colegios profesionales para establecer la obligatoriedad o no de colegiación, aunque sí se especifica que dicha obligación tiene que esta contemplada en una ley preceptiva.

Reducir cargas administrativas

 También se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.

 A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.

 Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.

 La directiva de servicios en España contemplará también el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios, dado que garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias.

 Además, obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo (nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías).

Asistencia de la administración a los consumidores

Por su parte, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen.

 Según el Gobierno, la directiva se presenta para España como una oportunidad para reducir trabas al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, y producirá una mejora del marco regulatorio de la que se derivarán ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para las empresas y ciudadanos.

Finanzas 27/03/2009

El Consejo de Ministros aprueba la directiva de servicios, que elevará el PIB un 1,2%

El Gobierno aprobó hoy el proyecto de ley que transpone la directiva de servicios en el mercado interior y la remisión a información pública del anteproyecto de ley que modifica un total de 46 leyes para poder aplicar dicha directiva, con la que prevé que el PIB aumente un 1,2% y se creen entre 150.000 y 200.000 empleos.

El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.

En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como 'ley paraguas', una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector.

Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como 'ley ómnibus', que modifica 46 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.

Esto supone que, en general, se sustituirán procesos de autorización administrativa previa (que suponen dilaciones temporales) por declaraciones o notificaciones que, posteriormente, podrán ser monitorizadas por las autoridades competentes. Además, se suprimirán los requisitos discriminatorios o desproporcionados para el fin que persiguen, se realizará un examen de todos los requisitos existentes, se garantizará la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro estado miembro y se reforzarán los derechos y la protección de los consumidores.

Una de las principales modificaciones es la eliminación de la autorización para el arrendamiento de vehículos sin conductor que sólo estará sujeta a obligaciones de carácter fiscal, social, laboral o de seguridad ciudadana o vial. Por ello, los requisitos específicos exigidos por la normativa de transporte, como las exigencias de un local dedicado en exclusiva a esta actividad y de un número mínimo de vehículos, entre otros, quedan suprimidos.

Menos autorizaciones previas

Asimismo, se elimina la autorización previa para centros de formación teórica de conductores, lo que implica que surge un nuevo tipo de autoescuelas dedicadas exclusivamente a la formación teórica que sólo requiere comunicación de inicio de la actividad. Según el Gobierno, este cambio va a beneficiar a las más de 1.420 autoescuelas que actualmente están registradas, dado que les da la posibilidad de modificar su negocio orientándolo hacia los servicios que más se ajusten a las necesidades del mercado.

En las actividades industriales se sustituye el régimen de autorización administrativa previa en las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado, mientras que el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa (comercialización de energía eléctrica, comercialización al por menor de gases licuados y a granel, comercialización de gas natural y operadores al por mayor de productos petrolíferos) por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente.

En el sector de las telecomunicaciones, se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable. En los servicios medioambientales y de agricultura, se eliminarán con carácter general las autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos (declaración responsable o comunicación) en todas las actividades de servicios relacionados.

Reforma en profundidad de los colegios profesionales

Además, la 'ley ómnibus' contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las restricciones injustificadas a la publicidad por parte de los profesionales, así como las limitaciones que existen ahora para ejercer simultáneamente más de una profesión.

Se elimina también la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso. Con esta medida, se trata de evitar tarifas de ingreso a los colegios profesionales que pueden llegar a los 6.000 euros. Además, la solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija la ley.

En lo que no entra esta norma es la reserva de actividad que tienen los colegios profesionales para establecer la obligatoriedad o no de colegiación, aunque sí se especifica que dicha obligación tiene que esta contemplada en una ley preceptiva.

Reducir cargas administrativas 

También se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.

A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE.

Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.

La directiva de servicios en España contemplará también el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios, dado que garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias.

Además, obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo (nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías).

Asistencia de la administración a los consumidores

Por su parte, las administraciones deberán informar y asistir a los usuarios de servicios para que puedan realizar reclamaciones ante las autoridades competentes en caso de litigios con los prestadores de servicios, independientemente del país en que se ubiquen.

Según el Gobierno, la directiva se presenta para España como una oportunidad para reducir trabas al acceso y ejercicio de la actividad en determinados sectores, y producirá una mejora del marco regulatorio de la que se derivarán ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para las empresas y ciudadanos.

Finanzas 27/03/2009

Gobierno busca impulsar la actividad empresarial con más medidas anticrisis

El Gobierno aprobó hoy su sexto paquete de medidas en siete meses para hacer frente a la crisis, con actuaciones que en esta ocasión tratan de impulsar la actividad de las empresas mediante facilidades fiscales e instrumentos que las ayuden a sobrevivir.

El Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros incluye así una reforma de la Ley Concursal que pretende dar más seguridad jurídica a las refinanciaciones de deuda de empresas para apoyar a las que son viables y evitar concursos de acreedores innecesarios.

Esta reforma también prevé agilizar los trámites de los despidos para que los trabajadores de empresas afectadas por un concurso de acreedores cobren más rápido.

El nuevo conjunto de medidas incluye alivios fiscales para las empresas, como la reducción del 7 al 5 por ciento del interés de demora -el que se aplica a la liquidación de deudas entre Hacienda y los contribuyentes-, así como el mantenimiento indefinido de las deducciones por inversiones en I+D+i, para animar a las compañías a apostar a medio plazo por la investigación a pesar de la crisis.

La reducción de los intereses de demora supondrá un ahorro del 28,5 por ciento respecto a las tasas que actualmente los ciudadanos y empresas tienen que pagar en sus retrasos con el fisco, es decir, que para una deuda de 1.000 euros, los intereses se reducen de 52,5 a 37,5 euros.

Tras explicar estas medidas fiscales, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, recordó una vez más que el Estado no tiene margen para aprobar nuevas rebajas de impuestos, si bien aclaró que eso no significa que el Ejecutivo no tenga intención de hacer "muchas más cosas para afrontar la crisis".

El paquete también incluye la cobertura por parte del Estado de los riesgos de impago empresariales y de las pérdidas que esos incumplimientos ocasionan a las aseguradoras de crédito, con el objetivo de facilitar operaciones comerciales por importe de hasta 40.000 millones de euros.

Además, el Real Decreto Ley aprobado reforma en una pequeña parte la norma del mismo rango aprobada anteriormente, para hacer más atractivas a los inversores las emisiones de las entidades financieras avaladas por el Estado, que tendrán la misma calificación que el Reino de España por parte de las agencias de rating.

Aunque todas estas medidas se han impulsado para resolver problemas a corto plazo, Solbes destacó también la aprobación por parte del Consejo de Ministros del proyecto de ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que sienta las bases para trasponer la Directiva europea de servicios.

Con esta "Ley Paraguas", que se remite hoy a las Cortes para su debate parlamentario, se inicia un proceso por el que se deberán reformar 7.000 normas de todas las administraciones, entre ellas 46 leyes estatales que se modificarán mediante otro proyecto de ley que hoy estudió el Consejo, la denominada "Ley Omnibus".

Solbes insistió en que la transposición de la Directiva de servicios es la reforma estructural más importante de esta legislatura que ayudará a liberalizar el sector con más peso en la economía española -el 66 por ciento del PIB- y con el que el Gobierno espera que se creen en tres años hasta 200.000 puestos de trabajo y el crecimiento aumente en 1,2 puntos.

El principal objetivo de la ley es el de reducir las trabas administrativas y facilitar en la medida de lo posible la apertura de un negocio en el sector.

Una de las novedades de este proceso son los cambios que tendrán que acometer los colegios profesionales, que deberán abaratar sus cuotas de inscripción y eliminar numerosas restricciones, como las que impiden el ejercicio conjunto o simultáneo de dos profesiones, las que sugieren fijaciones de precios o las que prohíben la publicidad de los servicios que se prestan.

Europa Press 27/03/2009

Solbes afirma que las medidas aprobadas hoy favorecerán la reactivación económica y el empleo

Descarta nuevas rebajas tributarias porque España ya ha hecho un esfuerzo del 5% del PIB en materia fiscal

El vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, afirmó hoy que el Gobierno pretende con el conjunto de medidas económicas aprobadas la reactivación de la economía y del empleo y, para ello, se mejora la cobertura de los riesgos de ciertas empresas, se bajan los intereses de demora, se incentivan las operaciones de I+D+i y se modifica la Ley Concursal , que se ha mostrado, según dijo, "bastante rígida" en un momento de crisis como el actual.

Junto con estas medidas de "carácter inmediato", Solbes destacó que el Gobierno también ha pensado en el lago plazo y, por ello, ha aprobado la transposición de la directiva de servicios del mercado interior y ha remitido a información pública el anteproyecto que modifica 46 leyes estatales para poder aplicar dicha directiva.

La idea que pivota en estas leyes, dijo Solbes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, pasa por eliminar las autorizaciones previas con carácter general y superar una "costumbre" española de pedir autorización "para todo".

Solbes, que resaltó que esta leyes permitirán crear hasta 200.000 empleos y añadir más de un punto al crecimiento del PIB, indicó que uno de los cambios más relevantes es la nueva regulación de los colegios profesionales, "que muchas veces han ido más lejos y esto no es compatible con las normas de competencia". De ahí, los cambios introducidos sobre publicidad, baremos de precios o la eliminación de restricciones sobre el ejercicio simultáneo de dos o más profesiones.

En cuanto al reaseguro de operaciones de seguro de crédito, el ministro apuntó que algunas compañías de seguro, por el exceso de riesgo, no cubren ciertos seguros de crédito y, por eso, el Gobierno toma parte del riesgo de estos seguros con el fin de incentivarlos. Será el Consorcio de Compensación de Seguros quien adopte el papel de avalista.

También se refirió a la rebaja del tipo de interés legal del dinero y de demora, y señaló que con estas reducciones (del 5,5% al 4% el interés legal y del 7% al 5% el de demora), los ciudadanos que aplacen el pago de sus deudas se ahorrarán en torno al 30% de los intereses que hubieran pagado hasta ahora.

Sobre la deducción por I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades, apuntó que este incentivo ha funcionado "de manera eficiente" en este periodo y visto el comportamiento presupuestario de este concepto en los últimos años, indicó que el Gobierno cree que se debe suprimir su eliminación en 2012 y prorrogar la deducción "indefinidamente".

Por su parte, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, indicó que el sector servicios en España supone casi el 67% del PIB y, por tanto, afirmó que es un sector "decisivo" para el crecimiento, la competitividad y el progreso del país. "Con la directiva de servicios España da hoy un paso para crear un auténtico mercado interno, introduciendo más libertad en los mercados y retirando barreras anacrónicas", subrayó.

SIN MARGEN FISCAL

Por otra parte Solbes admitió que España no dispone de margen para realizar esfuerzos adicionales contra la crisis desde el punto de vista fiscal.

"Lo que no quiere decir que no lo haya para hacer otras cosas", señaló Solbes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde recordó que el esfuerzo fiscal español para superar el ajuste económico ha sido de casi cinco puntos del PIB.

Explicó que este esfuerzo, consecuencia del funcionamiento de los estabilizadores automáticos y de la implementación de medidas para hacer frente al ajuste, elevará el déficit de las administraciones públicas "claramente por encima" del 3% a lo largo del año.

"En esas condiciones, yo y mis restantes colegas de la zona euro hemos considerado que no hay lugar para nuevos planes de estímulo fiscal", indicó.

El vicepresidente económico admitió que tanto EE.UU. como el Reino Unido siguen insistiendo en la necesidad de llevar a cabo nuevos impulsos fiscales para incentivar la economía, pero recordó que la situación de estos dos países es "muy distinta" a la de la zona euro.

En este sentido, Solbes explicó que tanto EE.UU. como Reino Unido disponen de políticas monetarias y tipos de cambio propios, lo que hace que su situación sea muy diferente a la de la zona euro, donde el comportamiento fiscal es uno de los elementos básicos de equilibrio.

Cinco Días 28/03/2009

El Ejecutivo centra el nuevo plan de estímulo en la liberalización de los servicios

§         El Ejecutivo aprobó ayer un nuevo paquete de medidas para impulsar la actividad económica y la recuperación del empleo.

§         Entre las más destacadas se encuentra la transposición de la directiva europea de servicios, con la que, según sus cálculos, se añadirá un punto de crecimiento al PIB y se crearán 200.000 empleos.

Carlos Molina - Madrid

El trabajo y la riqueza en España dependen en gran medida de los servicios. Esta actividad genera dos terceras partes del empleo y del PIB de un sector que está sufriendo los envites de la crisis. En enero, la facturación y el empleo en las cinco ramas que lo integran (turismo, transporte, comercio, tecnologías de la información y servicios a empresas) alcanzaron mínimos en cinco años, según el INE.

Por ese motivo, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, subrayó el viernes la importancia de la transposición de la directiva europea de servicios, que servirá, a su juicio, para impulsar la actividad del sector, ya que creará 200.000 empleos en tres años y añadirá más de un punto de crecimiento del PIB a largo plazo. 'Es una de las reformas estructurales más importantes de la legislatura', agregó Solbes, quién apuntó como principal novedad la supresión de las autorizaciones para ejercer una actividad, que serán sustituidas por comunicaciones previas. Por ejemplo, para abrir un negocio de fontanería, un empresario tardaba hasta 240 días para obtener la autorización, mientras que una agencia de viajes necesitaba aportar un capital mínimo como aval. Todos esos requisitos desaparecen y tratan de superar, según Solbes, 'la costumbre española de pedir autorización para todo'.

De hecho, el anteproyecto de ley establece que sólo se podrán exigir requisitos a la libre prestación de servicios cuando estén debidamente justificados por razones de salud pública, de protección del medio ambiente, de orden público o de seguridad pública, sean proporcionados y no sean discriminatorios por razón de nacionalidad o domicilio social. La eliminación de las autorizaciones previas, sin embargo, no se producirán en la distribución comercial, puesto que la reforma de la ley de comercio interior, que discurre en paralelo a la transposición de la directiva y que negocia directamente el ministerio de Industria, está discurriendo de forma más lenta, al toparse con la negativa de algunas comunidades.

En su primera propuesta, Industria abogaba por una profunda liberalización, de tal modo que eliminaba el requisito de la segunda licencia para las grandes superficies con más 2.500 metros cuadrados y los requisitos de autorización previa, excepto por motivos ambientales o urbanísticos. Algunas comunidades han planteado que la segunda licencia sólo se suprimiera cuando se superen los 400 metros y exigen reforzar los requisitos ambientales y urbanísticos.

Seguro de crédito. 205 millones para compartir riesgos

El Ejecutivo cubrirá parte del riesgo de los seguros de crédito a través del Consorcio de Compensación de Seguros. Ante las dificultades de las empresas para asegurar sus operaciones de crédito, el Ejecutivo inyectará 205 millones de euros para atender posibles impagos y prevé que el número de operaciones cubiertas pueda llegar a 40.000 millones. El Consorcio firmará un convenio, que cubrirá los riesgos desde el 1 de enero de 2009, con cada entidad que se adhiera de forma voluntaria.

Emisiones. Garantías para los inversores de deuda

El paquete de medidas establece una nueva reforma que hace más atractiva la inversión en emisiones de deuda de las entidades financieras avaladas por el Estado. En caso de que se produzca un impago, el inversor recibirá del Estado una compensación por el tiempo que transcurra hasta que se le reintegre lo que se le debe.

Este apoyo se refuerza además con la novedad de que todas las emisiones que cuenten con el aval del Estado tendrán la misma calificación que el Reino de España para las agencias de rating.

Hacienda. Rebaja del tipo de demora del 7% al 5%

Ante las numerosas peticiones llegadas desde el mundo empresarial para rebajar los tipos de interés de demora, el Ejecutivo ha decidido bajarlos desde el 7% al 5%. Según los últimos cálculos de Hacienda, la reducción de los intereses de demora supondrá un ahorro del 28,5% respecto a las tasas que actualmente los ciudadanos y empresas tienen que pagar en sus retrasos con el fisco. En el conjunto de medidas también se aprobó la rebaja del tipo de interés legal del dinero del 5,5% al 4%.

I+D+I. La deducción se mantiene

El Ejecutivo ha dado marcha atrás y ha decidido mantener la deducción por I+D+i en el impuesto de sociedades de forma indefinida, cuando había previsto su desaparición para 2012. 'El sistema de apoyo a las empresas de I+D+i ha funcionado de forma eficiente en estos años y hemos decidido prorrogarlo indefinidamente, lo que va a tener un impacto positivo en las inversiones pendientes', aseguró Solbes. En 2007 se beneficiaron de esta ayuda 5.657 empresas, que se dedujeron 317 millones.

Profesionales. Elimina barreras a la competencias

Otra de las novedades incluidas en la transposición de la directiva de servicios se refiere a los cambios que tendrán que acometer los colegios profesionales. Entre ellos abaratar sus cuotas de inscripción, eliminar restricciones, como las que impiden el ejercicio simultáneo de dos profesiones o las que sugieren fijación de precios o de honorarios. 'Esta medida permitirá que los colegios profesionales mantengan su actividad y que no sean contrarios con la legislación en materia de competencia', apuntó Solbes.

Otras medidas aprobadas

Puertos. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de Puertos, días después de la huelga que los estibadores llevaron a cabo a comienzos de semana y que registró un masivo seguimiento. Entre los puntos de la reforma destaca el hecho de que se permitirá que cada autoridad portuaria podrá fijar sus propias tasas y que los estibadores tendrán que garantizar que dispondrán de personal en plantilla para cubrir, al menos, el 25% de las jornadas.

Vivienda. El Ministerio de Vivienda obtuvo la autorización para firmar los convenios con las distintas comunidades autónomas para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. El volumen para instrumentarlo se fijó en 10.188 millones de euros y el número de beneficiarios se eleva a un millón de familias, según los cálculos del Ejecutivo.

Cambio climático. Impulso a los sectores vinculados al cambio climático. Con este objetivo, el Ejecutivo anunció un plan de Impulso a la Internacionalización de estas compañías. El plan determina el marco que debe guiar las actuaciones de la Administración y pretende consolidar la presencia en sectores como las energías renovables, contribuyendo a crear una imagen de España y de su sector empresarial asociada a un desarrollo bajo en carbono.

La directiva

Energía:Se sustituyen cuatro regímenes de autorización por comunicaciones previas.

Ventanilla única:Las empresas podrán realizar los trámites en una ventanilla única y a través de medios electrónicos.

Libertad de prestación: Se eliminan las restricciones a las firmas extranjeras que quieran prestar servicios en España.

El País 29/03/2009

TRIBUNA: Laboratorio de ideas

La apertura del comercio minorista

CARMEN ALCAIDE (Economista y ex presidenta del INE)

Siguiendo con las necesarias reformas estructurales, y dentro de las referidas a la liberalización de los mercados, hoy voy a referirme en concreto a la liberalización del comercio minorista. La OCDE, en su último informe referido a España, señala concretamente la apertura del comercio minorista como una de las reformas estructurales pendientes. Por otra parte, siguiendo la estrategia de Lisboa, la Comisión Europea preparó una directiva para la liberalización de los servicios. Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo que obliga en su cumplimiento a todos los países de la Unión Europea (UE) antes de fin de 2009.

Hasta ahora, y después de un intento liberalizador de la conocida por "Ley Boyer", la legislación estatal, y sobre todo la legislación de las comunidades autónomas (CC AA), ha establecido prácticas restrictivas para el comercio de grandes superficies con el argumento de proteger al pequeño comercio. La transferencia de la competencia legislativa a las comunidades autónomas ha permitido la existencia de normas y prácticas diferentes entre los territorios de España, rompiendo la unidad de mercado. Sin embargo, como se refleja en un estudio realizado por el BBVA, estas regulaciones no han favorecido a los pequeños comercios, aunque sí a las cadenas de supermercados medianos, y desde luego ha perjudicado a las grandes superficies; al sector, minorando su productividad, y al consumidor, aumentando los precios.

El 17 de octubre de 2008, el Consejo de Ministros aprobó y sometió a información pública el borrador del anteproyecto de ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. Es un anteproyecto que se atiene a las exigencias de la directiva europea y que incluye al comercio minorista. La discusión en el Parlamento español no podrá apartarse de lo contenido en la directiva, que es obligatorio para todos los países de la UE y chocará con lo legislado por algunas CC AA. De nuevo se pondrá de manifiesto la contradicción que padecemos de tener que acatar normas europeas y a la vez permitir el desarrollo de normas regionales que las contradigan. Además, como en otras leyes pendientes, el Gobierno deberá consensuar con otros partidos políticos para conseguir los votos necesarios para su aprobación en el Parlamento.

Los aspectos fundamentales de la directiva europea que afectan al comercio minorista son los siguientes: libertad de establecimiento y libre ejercicio en todo el territorio, y realizados por empresas españolas y empresas de los países de la UE; la reducción de cargas administrativas, la simplificación de los trámites, la potenciación de los derechos de los usuarios y de los mecanismos de coordinación entre las diferentes administraciones.

En cuanto al principio de libertad de establecimiento, la nueva Ley del Comercio Minorista deberá eliminar el requisito vigente actualmente de autorización previa para cualquier tipo de establecimiento, ya que está expresamente prohibido por la directiva europea, y deberá explicitar si hay alguna excepción dentro de las consideradas en la directiva. La concesión de licencias deberá ser automática y no se podrá exigir una justificación económica del proyecto, como actualmente se exige en la práctica a las grandes superficies en las diferentes normativas de las CC AA.

Respecto a la simplificación administrativa, la directiva impulsa la eliminación de los trámites que no sean necesarios y la simplificación de aquéllos que puedan tener alternativas menos gravosas. Para todo ello hay que apoyarse en el uso de las nuevas tecnologías en función de la capacidad de cada país. Será muy importante la puesta en práctica de la "ventanilla única" ya anunciada por la Administración Pública del Estado español, pero todavía sin implementar. En el aspecto de la transparencia e información, habrá que evitar las restricciones no justificadas y favorecer el acceso a la información. La cooperación administrativa y el control de los prestadores de los servicios serán especialmente importantes en España, como consecuencia de la corresponsabilidad de las diversas administraciones (Estado y comunidades autónomas).

El momento para poner en marcha la directiva de la UE, reformando el comercio minorista, no sólo es adecuado, sino que es indispensable y urgente, ya que sus efectos sobre la inversión productiva, la actividad, el empleo, la productividad y la inflación ayudarían enormemente en estos difíciles momentos de crisis. Dichos efectos han sido analizados por diversos estudios de instituciones internacionales y privadas. La OCDE analizó la relación entre la regulación del mercado de bienes y servicios y la creación de empleo. El Banco Central Europeo estudió la relación negativa entre grado de competencia e inflación. Análisis independientes han examinado los efectos positivos de la liberalización sobre la productividad, y la eliminación de trabas facilitaría y generaría nuevas inversiones y el consiguiente aumento de la actividad y el empleo.

Por último, la aprobación de la ley exigirá un grado de consenso en el Parlamento significativo que, si se consigue, aportará un valor añadido a su implementación en términos de aceptación y permanencia, al tiempo que se cumple con las exigencias de la UE.

Distribución Actualidad 30/03/2009

La transposición a la directiva europea de servicios pasa a las Cortes

El Proyecto de Ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios que transpone la norma europea al derecho español recibió el pasado viernes, 27 de marzo, el visto bueno del Consejo de Ministros, ahora deberá pasar el trámite de las Cortes Generales.

El próximo mes de diciembre se acaba el plazo para transponer al derecho español la Directiva europea de Liberalización de servicios. El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa del Congreso un Proyecto de Ley que reduce las trabas injustificadas existentes en la actualidad.

El texto consolida el principio de libre establecimiento, ya que la apertura de éstos no estará sujeta a una autorización previa, como sucede en la actualidad. Sin embargo, para algunas actividades como el caso del comercio minorista podrán exigirse autorizaciones administrativas, siempre que no sean discriminatorias, sean proporcionales y estén justificadas por razones imperiosas de interés general.

En general estas autorizaciones, que darán las comunidades o los ayuntamientos, según se decida, se concederán por tiempo indefinido y tendrán efecto en todo el territorio español. Para su tramitación se crea una ventanilla única, que permite aprovechar el potencial técnico de las tecnologías de la información.

Además se consolida el principio de libre prestación de servicios por prestadores establecidos en otro país de la UE.

Según los cálculos del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero el nuevo marco legal impulsará la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. Se crearán entre 150.000 y 200.000 empleos y se producirá un incremento adicional del PIB de alrededor del 1,2%.

Pero la transposición no sólo afecta a la normativa nacional, las administraciones autonómicas también tienen que eliminar los procedimientos y trámites que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas. Tiene de tiempo hasta el 26 de diciembre de 2009.

La Verdad 02/04/2009

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Señor Sebastián, escuche al comercio

PEDRO REIG MARÍ.

La crisis económica mundial que explota en EE UU y se ha ido extendiendo como el aceite sobre todos los continentes, cebándose en España con el sector de la construcción, haciendo explotar la burbuja inmobiliaria, ha hecho saltar por los aires la teoría de las Administraciones a la hora de otorgar licencias para la construcción de centros comerciales por doquier. Desde el sector nos hemos cansado de denunciar públicamente que detrás de la construcción de muchos centros comerciales había un negocio inmobiliario y no una respuesta comercial a una demanda del mercado.

El reciente anuncio de Colonial, la segunda inmobiliaria española, de vender su filial Riofisa, promotora de numerosos centros comerciales, ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda, evidencia la especulación inmobiliaria frente a los intereses de desarrollo de formatos comerciales sólidos.

¿Ahora que? Denuncias de saturación de mercado por parte del sector privado y oídos sordos por parte de la Administración, con la consiguiente concesión de licencias para construir más centros comerciales, a pesar de la saturación comercial que la contundencia de los datos demostraban, ha sido una triste y desgastadora constante.

¿Por qué no han escuchado a las más de 800.000 pymes de comercio? Mientras se ha estado aplicando esta política, se ha ido destruyendo tejido comercial urbano, se ha sacrificado la diversidad comercial por una oferta homogénea de los centros comerciales y se ha avanzando hacia oligopolios que, como ya se esta empezando a ver, limitan la capacidad de elección de los consumidores.

Precisamente, la libre elección de los consumidores es lo que persigue la Directiva Europea de Servicios, conocida como Directiva Bolkestein. Directiva, señor ministro Sebastián, que tiene que ser adaptada a nuestra normativa comercial en un plazo máximo de nueve meses y que, según el borrador sobre el que están trabajando desde su Ministerio, demuestra que sigue haciendo oídos sordos a los empresarios al frente de las pymes del sector.

Señor ministro, defienda el tejido empresarial base de nuestra economía. Las pymes de este país estamos sufriendo las consecuencias de una devastadora especulación urbanística que nosotros no hemos provocado pero de la que recibimos sus consecuencias en forma de estrangulamiento crediticio.

Ahora todo son intervenciones para deshacer lo hecho y recuperar a base de inyecciones de dinero publico sectores empresariales y financiero, pero el comercio en particular ha visto como durante una década la Administración ha mirado hacia otra parte cuando debía intervenir para buscar un equilibrio entre formatos y procurar la sostenibilidad del sector.

Durante estos años, hemos visto cómo la Administración se doblegaba a las grandes marcas con grandes presupuestos. Pan para hoy y hambre para mañana. Esas grandes inversiones inmobiliarias nunca han superado la aportación que a través de los impuestos hacemos las pymes y autónomos de comercio a las arcas estatales.

La sociedad española es madura para que no nos apabullen las grandes marcas comerciales y exigimos que nuestros representantes estén a la altura. Por eso le decimos que no nos podemos permitir más errores y por tanto, no podemos ser permisivos ante la adaptación de la directiva de servicios tal como la están planteando desde su Ministerio y que los 2.500 metros de superficie comercial sea el tope para regular un sector económico básico, como es el del sector del comercio.

Otro día hablaremos del papel de las Administraciones Autonómicas y Locales en esta cuestión, pero hoy, señor ministro, nos vemos en la obligación de decirle que cuando cae una o miles de pymes comerciales, como es el caso actual, no hay ERE, no hay inyección de fondos públicos, pero sí hay miles de empresarios y trabajadores cansados de no ser escuchados. A buen entendedor, pocas palabras bastan, el comercio urbano hace ciudad y también sociedad, no lo olvide.